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Exoneración de tributos departamentales y nacionales para los que sufran pérdidas como consecuencia del delito de abigeato

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los productores agropecuarios podrán compensar las pérdidas sufridas por el delito de abigeato que se cometan en sus establecimientos, con la exoneración de tributos departamentales y nacionales incluidos los aportes a la seguridad social, mediante los certificados de compensación que se crean mediante la presente ley.

Artículo 2º.- Para ampararse al beneficio establecido en el artículo anterior, el productor deberá seguir el siguiente procedimiento:

1) Dentro del término perentorio de treinta días de habersedenunciado el hecho, deberá solicitar del Juzgado Letradodonde esté radicada la denuncia, testimonio de lasactuaciones seguidas.

Dicho testimonio será expedido por el Actuario delJuzgado respectivo y expresará detalladamente, lacantidad, calidad y peso de semovientes o bienes hurtadosy el valor que el productor estime del daño sufrido.

2) Con dicho testimonio, el productor deberá concurrir a la oficina departamental de la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), y mediante denuncia escrita solicitar el amparo de los beneficios de la presente ley.

3) La Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales, dentro del término de treinta días de presentación de la solicitud, deberá realizar la tasación correspondiente y dentro de los quince días subsiguientes expedirá el denominado certificado de compensación.

4) Si dentro del término referido en el numeral anterior la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales no realizare la tasación de los bienes, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas de los funcionarios respectivos, se tendrá por válida la cantidad denunciada por el productor, y se le expedirá sin más trámite el certificado de compensación.

5) Si entre la estimación efectuada por el productor y latasación realizada por la Dirección de Contralor deSemovientes, Frutos del País, Marcas y Señales hubiera unadiferencia de más de un 20% (veinte por ciento),cualquiera de las partes podrá solicitar que el Juezactuante determine el valor por el cual se expedirá elcertificado compensatorio.

El Juez de la causa, bajo la más seria responsabilidaddeberá fallar dentro del término perentorio eimprorrogable de treinta días.

Para dictar su fallo el Juez podrá, si así lo estimare conveniente, requerir el asesoramiento del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

El fallo será inapelable y ordenará sin más trámite la expedición del certificado de compensación.

Artículo 3º.- Quienes a efectos de ampararse a los beneficios de la presente ley, formulen denuncias falsas, además de las sanciones penales que correspondan, serán sancionados con multas que oscilarán entre cinco y veinte veces la suma denunciada.

Artículo 4º.- Las Intendencias Municipales, estarán obligadas a recibir como pago de la contribución inmobiliaria rural los certificados de compensación creados por la presente ley, pero a su vez éstas, con los mismos, podrán cancelar los adeudos que mantengan con el Gobierno Central, Banco de Previsión Social (BPS)

o Entes Autónomos de dominio comercial o industrial del Estado.

Montevideo, 12 de marzo de 2003.

 FERNANDO ARAÚJO  Representante por Rivera  FRANCISCO ORTIZ  Representante por Treinta y Tres  JULIO C. SILVEIRA  Representante por Artigas  JAIME MARIO TROBO  Representante por Montevideo  LUIS M. LEGLISE  Representante por Salto  NELSON BOSCH  Representante por Durazno  CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ  Representante por Colonia  GUSTAVO BORSARI BRENNA  Representante por Montevideo  RICARDO BEROIS QUINTEROS  Representante por Flores

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país cuenta con un rodeo aproximado a los once millones de ovinos y a una cantidad levemente superior de vacunos.

Según estimaciones extraoficiales un ovino tiene un valorpromedio de $ 600 y un bovino un valor promedio aproximado de$ 6.000.

En el último año y en especial los últimos meses, el robo deganado, tipificado por el Código Rural como delito de abigeato, haalcanzado su punto más alto, generando a los productoresagropecuarios enormes perjuicios.

Según estimaciones extraoficiales se estima que una cifra aproximada a los doscientos mil animales fueron robados en el último año.

En este tipo de delito los ovinos son las presas más codiciadas ya que son faenadas en el mismo establecimiento y trasladadas con relativa facilidad a los centros poblados donde son comercializadas.

En estos casos el productor no solo pierde el valor de la carne sino también la lana.

Cuando los autores de esos delitos son detenidos por la policía y sometidos a la Justicia, por lo general su defensa esgrime, como eximente de pena, el estado de necesidad o alguna otra atenuante, que determina que los Jueces, en la mayoría de los casos, determinen su inmediata liberación.

Sin duda, que en la mayoría de los casos se trata dedelincuentes pertenecientes a verdaderas bandas organizadas, quediezman los rodeos, obteniendo grandes ganancias en perjuicio delproductor que pese a contribuir al Erario con el pago de sustributos, no obtiene del Estado la protección queconstitucionalmente y legalmente éste le debe a los ciudadanos delpaís.

En este sentido el artículo 7º de la Constitución de laRepública, establece el derecho de los habitantes -de la República,en el derecho- a ser protegidos en el goce de su vida, honor,libertad, seguridad, trabajo y propiedad.

Indudablemente, los tres últimos derechos referidos, o sea seguridad, trabajo, y propiedad, han dejado de ser protegidos por el Estado, pese a que se trata de bienes de tanta importancia para la economía nacional.

A su vez, el artículo 24 de la Carta establece la responsabilidad civil del Estado por el daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o

dirección, estableciéndose además, mediante el artículo 25 el derecho del mismo Estado de repetir contra sus funcionarios cuando estos hubieren obrado con culpa grave o dolo.

El proyecto de ley que los legisladores del Partido Nacional presentamos al Parlamento, tiene como objetivo llamar a responsabilidad al Estado en sus diversas expresiones: Ministerio del Interior y Justicia, a efectos que se tome verdadera conciencia del daño que la acción o la omisión de sus órganos ocasiona a los contribuyentes, en este caso los productores agropecuarios.

Para impedir que mediante los procedimientos establecidos en la norma proyectada, se actúe dolosamente en perjuicio del Erario, se establece que además de las sanciones penales que correspondan, se le apliquen sanciones pecuniarias de importancia.

Mediante el artículo 4º, se establece la obligación de las Intendencias Municipales como integrantes del Estado en sentido amplio, de recibir como pago de los tributos a su cargo los certificados de compensación, pero les permite a su vez con dichos documentos pagar las deudas que puedan mantener tanto con el Gobierno Central, como con los organismos de seguridad social y empresas comerciales e industriales del Estado.

Creemos que de esta manera se hace efectiva una verdadera protección del contribuyente, se tutela la producción nacional y se regula legislativamente para este caso concreto la responsabilidad civil del Estado por el daño causado en la ejecución de los servicios confiados a su gestión.

Montevideo, 12 de marzo de 2003.

 FERNANDO ARAÚJO  Representante por Rivera  FRANCISCO ORTIZ  Representante por Treinta y Tres  JULIO C. SILVEIRA  Representante por Artigas  JAIME MARIO TROBO  Representante por Montevideo  LUIS M. LEGLISE  Representante por Salto  NELSON BOSCH  Representante por Durazno  CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ  Representante por Colonia  GUSTAVO BORSARI BRENNA  Representante por Montevideo  RICARDO BEROIS QUINTEROS  Representante por Flores 

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